DesUnión Europea.

Siempre me gustó la asignatura de geografía. Al ver en la escuela los mapamundis uno creía, con la ingenuidad de la infancia, que podía conocer el mundo echando un vistazo de vez en cuando sobre esa representación en miniatura del planeta que habitamos. Luego, al hacernos mayores y haber afinado nuestro sentido práctico de la vida, pasamos del romanticismo a los asuntos y nos acostumbramos a ver los mapas como indicadores estadísticos de cualquier magnitud, ya sea el número de camas de hospital por habitante o la producción anual de remolacha. En este sentido, la evidencia inmediata que da un mapa coloreado según los parámetros de una leyenda puede servir para contrastar provocadoramente las diferencias abismales que existen entre el estado de cosas de un país a otro, o entre varios continentes, en base a cuestiones tan polémicas como la desnutrición, la incidencia de una enfermedad sobre la población o la protección de los derechos humanos.

A propósito de la cuestión de la protección de los derechos humanos, hoy he vuelto a leer un artículo que El País publicó el lunes en su sección de opinión. En él se denunciaba la enorme diferencia que existe aún entre los países miembros de la Unión Europea en materia de protección de los derechos de los homosexuales, hasta el punto de que el autor del artículo vislumbraba un "nuevo telón de acero" en nuestro continente. El artículo señalaba especialmente el contraste que existe entre la situación legal de gays, lesbianas y transexuales en la mayoría de países de la Europa Occidental y, por otro lado, la tímida cuando no reservada o indiferente actitud de los gobiernos de varios países del Este en la protección legal de sus ciudadanos homosexuales.

Todos estos datos serían pura materia burocrática si no fuera porque las leyes procuran ser un correlato abstracto del estado de opinión de la ciudadanía. Así pues, desalienta e inquieta pensar que detrás de las restrictivas leyes de algunos países europeos se esconde una opinión pública hostil e incluso agresiva contra la homosexualidad; y que la Unión Europea, que se ha distinguido tantas veces en la defensa y garantía de los derechos de las minorías sociales , no consiga sensibilizar a estos gobiernos ni dar carácter vinculante a las resoluciones que el Parlamento de Estrasburgo dictamina acerca de los denominados Drechos Fundamentales, en general, y en contra de la discriminación por motivos de orientación sexual, en particular.

En algunas ocasiones gratificantes algún gobierno, por iniciativa propia, consigue levantar su voz en los organismos internacionales y hacer que su petición sea escuchada, y más tarde asumida y refrendada por otros gobiernos. Es lo que sucedió el pasado mes de diciembre en la sede de Naciones Unidas, cuando Francia presentó una propuesta de despenalización de la homosexualidad en todos los países miembros de la Organización. Fue la primera vez que se pidió de forma clara y sin ambages que los países miembros mostraran un compromiso claro contra la marginación, el silenciamiento y la discriminación de gays, lesbianas y transexuales. Y así sucedió: mientras varios países firmaron sin reservas la proposición francesa, otros estados o bien se mantuvieron al margen, o bien se plantearon una propuesta de contenido totalmente contrario; y así el mapamundi volvió a colorearse para evidenciar de nuevo los dos grandes polos mentales y legales que existen todavía en el mundo sobre este tema. Sin embargo, la iniciativa francesa es un gesto sintomático de que cuando un jugador pone sus cartas sobre la mesa está exigiendo indirectamente que el resto actúe de igual modo, y de que no hay vuelta atrás a la hora de "sacar del armario" el debate en torno a los derechos de los gays en instituciones tan representativas como la ONU.

Por su lado, la Unión Europea lleva ya varios años impulsando resoluciones claramente favorables a los derechos de los homosexuales. La consagración legal que pudo llegar con la aprobación de la Constitución Europea no ha llegado. Pero el 18 de enero de 2006 el Parlamento Europeo aprobó un texto en el que pedía, entre otras reclamaciones, a los países miembros asegurar la prohibición de la discriminación en todos los sectores (punto 4); iniciar procedimientos de infracción a los Estados que no sigan las directivas antidiscriminatorias, y hasta sanciones penales (punto 8); la libre circulación de ciudadanos de la Unión con independencia de su orientación sexual (punto 13); y una apuesta decidida por la lucha contra la homofobia desde la educación (punto 5).

A juzgar por el grado de homofobia y de prejuicios que aún abundan entre los ciudadanos europeos, y que pone de manifiesto que, a pesar de la voluntad progresista de muchos gobiernos, sus sociedades parecen ir por otro camino (al menos en cuanto a la mentalidad), se hace todavía más urgente que la Unión Europea abogue de forma más exigente por el cumplimiento de sus resoluciones en los países miembros para tratar de borrar del mapa un incipiente telón de acero que convertiría a la Unión en una Desunión Europea de carácter meramente económico, y a millones de hombres y mujeres en ciudadanos "de segunda" por el solo hecho de su orientación sexual.